El desgarro de la democracia

Hoy en la Comunidad de Madrid la gente vota. O eso haría si de verdad estuviésemos ante un referéndum en el que el pueblo de Madrid, sujeto político de la Comunidad, expresase su voluntad democrática. Sin embargo no estamos ante nada de eso. Unas cuantas asociaciones y grupos contrarios a la privatización de parte del canal -privatización que no elimina la mayoría pública en su accionariado- se han montado lo que ellos llaman una “consulta popular”. Porque, como decía el otro día, este tipo de gente no cree en la democracia y en las urnas de verdad, sino en lo que ellos consideran que es su democracia y sus objetivos.

Esta consulta popular es tan democrática que las urnas son de cartón -dobles fondos posibles-, no hay un censo de votantes, puede votar el primer Paco, Pepe o Antonia que se pase por ahí y, además; al lado de cada urna tenemos ochocientos panfletos recordándonos lo malo que es que se privatice una parte del Canal. Por supuesto, no se te vaya a ocurrir sugerirles que mejoren sus métodos en su “consulta popular”; porque probablemente serás un fascista, un capitalista opresor o quizás algo peor, un votante del Partido Popular.

La consulta carece de valor. Los que votan, votarán que no; porque aquellos que no estén de acuerdo con esta pantomima no irán a votar. El resultado, obviamente, será abrumadoramente contrario a la privatización por la propia lógica de la participación en la consulta. Habrá votos en contra, entre los despistados que hayan votado que no y las correcciones lógicas de la asociación para no “tufar” demasiado. Lo peor es que alguno sacará esa “abrumadora mayoría” en contra de la privatización como un resultado superdemocrático y argüirá que Esperanza Aguirre debe dar marcha atrás so pena de enfrentarse a la voluntad del pueblo encarnada en unas urnas de cartón.

Pese a lo cómico de la situación -habrá quien se tome estas consultas en serio-, lo peor es que es otro síntoma del desgarro de la democracia por parte de “indignados” y colectivos cercanos a ellos. Con la peligrosa complicidad, dicho sea de paso, de la Verdadera Izquierda -Izquierda Unida, o más bien Hundida-, que ni cree en esta democracia que día tras día les hunde, ni puede aspirar a algo más que a hacer ruido de cuando en cuando. Esta gente no cree en una confrontación de opiniones y razones en el sentido republicano de la democracia, esta gente no cree en una suma de preferencias individuales si adoptamos un punto de vista institucional o racional. Ni siquiera creen en una visión sustantiva de la democracia. Sólo creen en el aldabonazo, en el ruido callejero y en la destrucción y deslegitimación de los cientos de miles de votos que no les han dado la razón.

Lo peligroso de estas actuaciones es desviar el balance de la democracia de unas instituciones que elegimos todos a unas urnas de cartón. Desviar el poder de una cámara  donde todos tienen voz a unas protestas sectarias y carentes de base popular suficiente. En definitiva, se trata de una versión moderna de bonapartismo y régimen plebiscitario; en el que estos grupúsculos manipulan la pregunta y no cabe más respuesta que el sí o el no, el maniqueísmo en estado puro.

La democracia se basa en las urnas, en los representantes elegidos y en unos ciudadanos informados y dispuestos a interesarse por los problemas públicos. Cuando cualquiera de estos pilares falla, nos enfrentamos al desgarro de la democracia. Y cuando en España, aparte de los ciudadanos informados, fallan las urnas, los representantes elegidos y grupúsculos minoritarios intentan hacer herida de ello, el peligro aumenta. No debemos dejar de dar la batalla para recordarlos que no llevan la razón, que no sus urnas de cartón carecen de legitimidad alguna y que el correcto lugar donde debatir es la Asamblea de Madrid, elegida por todos los madrileños. Lo contrario es dar la razón a quienes no creen en la democracia.

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El déficit público y las CCAA

Ya es oficial. Como sabréis, las Comunidades Autónomas son las responsables de que el déficit del Reino de España y, por tanto, del Estado; supere con creces el 6% previsto. De un 6 a un 8’5% es más de un 33% de desviación presupuestaria en un país que podemos considerar serio. Es una barbaridad, y más en los tiempos que corremos.

Durante estos días nos cansaremos a escuchar los argumentarios de PP y PSOE. El PP arremeterá contra Zapatero y Salgado, acusándoles de haber engañado, mentido y de haber manipulado las cuentas para evitar que la debacle electoral fuese mayor. El PSOE se remitirá a las actuaciones tomadas y acusará al PP, recordando que gobiernan en prácticamente toda España desde mayo -y en varias CCAA igualmente irresponsables, desde mucho antes-. Los dos tienen razón, y ninguno la lleva.

Tiene razón el PP cuando acusa a Zapatero y Salgado de haber mentido. No sé si lo hicieron a conciencia o simplemente fueron unos bocazas. Sí sé que cuando prometes algo -y encima lo prometes frente a toda Europa, quien te está prestando dinero a manguerazos- tienes que cumplirlo. Decir que el objetivo de déficit iba a cumplirse y poner caras bonitas para la foto no es una forma adecuada de hacer política, más bien de firmar tu sentencia de suicidio político para la próxima década.

Tiene razón el PSOE cuando recuerda que el PP lleva gobernando en la vasta mayoría de las Comunidades Autónomas desde mayo-junio. En algunas, como Valencia o Murcia, desde hace varios lustros. La responsabilidad de medio año de déficit no puede achacarse simplemente a Zapatero y Salgado; máxime cuando el PP sabía que arrasaría en aquellas elecciones autonómicas -quizás con la incertidumbre de Extremadura-. ¿Improvisación? ¿Falta de plan de gobierno claro? Llevan prácticamente un año en el Gobierno y las perspectivas de muchas Comunidades no son halagüeñas, aunque claro está que esto no se arregla en unos meses.

El problema, sin embargo, aparte de las cuchilladas políticas que nuestros líderes se dediquen, es estructural. No es problema de que en un sitio gobierne Esperanza Aguirre y en otro Griñán. No es cuestión de siglas. Es cuestión de que el sistema de financiación autonómica y los principios que lo guían son una auténtica locura digna del peor diseñador legal y fiscal posible. Esta locura se asienta sobre dos problemas: el diseño legal y los incentivos que ello genera.

En primer lugar el diseño es absurdo, oscuro, ineficiente (e ineficaz) y con unos costes de información horribles. Hoy en día las Comunidades -salvo el País Vasco y Navarra- no recaudan impuestos, y dependen de su financiación del dinero que el Gobierno Central les transfiere en base al tramo autonómico del IRPF, transferencias de servicios que son ofrecidos por las CCAA pero son de competencia estatal -como Justicia, por ejemplo- y diversos indicadores como población, renta per cápita, extensión, dispersión de la población, “deudas históricas” varias, etc.

El problema es que el coste de algunos de esos apartados es difícil de cuantificar. No es igual cuantificar lo que has recaudado con tu tramo autonómico del IRPF -x declaraciones por y cantidad, y todos contentos- que medir el coste de determinados servicios que están siendo prestados por las CCAA en el ámbito competencial del Estado, el impacto económico de la dispersión de la población, de la extensión del territorio, etc. Si a eso le sumamos que no existe un baremo único, sino que cada Comunidad elige los parámetros que mejor le convienen, tenemos un sudoku imposible de resolver. La suma de los distintos parámetros para medir el dinero que una Comunidad debe recibir del Estado dan más que 100, y eso genera severos problemas en el reparto del dinero. Por no hablar de la soberana gilipollez de las “deudas históricas”.

En la otra pata del problema tenemos los incentivos. Las Comunidades Autónomas no recaudan sus impuestos, como hemos visto. Sin embargo, son ellas las que gastan el dinero con un margen de discreción muy amplio. Por un lado tenemos los ingresos, que no dependen de las Comunidades -al menos, no directamente- y por otro lado, los gastos; que controlan ellas en su práctica totalidad. Los votantes siempre querrán servicios más amplios y generosos, léase grandes eventos deportivos, protecciones sociales generosas o un hospital en cada esquina. Las CCAA pueden gastar y endeudarse todo lo que quieran, porque, en definitiva; luego pueden acudir al Estado central a llorar y a chantajearlo en base a alianzas políticas -¿recordáis el Tripartito?- o en base a apoyos coyunturales en el Congreso de los Diputados, sobre todo si el Gobierno se encuentra en minoría en la cámara.

Una vez que los problemas llegan, los gobernantes pueden evadir su responsabilidad culpando al Gobierno central de los problemas que han creado ellos mismos, y así evitar la ‘accountability’ necesaria de una democracia. La opacidad del sistema de financiación autonómica y su dificultad hacen prácticamente imposible que los votantes estén informados sobre ello, e instintivamente castigan al Gobierno central. De hecho lo estamos viendo hoy, con los actores políticos centrándose en el Gobierno central cuando el grueso del incumplimiento del déficit proviene de las CCAA.

¿Cómo podemos eliminar este tipo de vicios en el sistema? La solución es evidente. Un sistema en el que las CCAA recauden sus propios tributos y se paguen ellas mismas los servicios que deseen proveer. Ello, unido a una lista cerrada de competencias que divida claramente lo que deben hacer el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En definitiva, un Estado federal donde las Comunidades sean plenamente responsables de sus temas fiscales y donde los votantes puedan centrar sus exigencias de rendición de cuentas.

Todos los intentos en este sentido, o al menos de armonizar el sistema autonómico y hacerlo racional y eficaz, han fracasado. ¿Sabéis por qué? Eso lo dejamos para otro día.

PD: Yo me preocuparía, y mucho, de esa desviación de casi medio punto en la Seguridad Social. Eso nos dice muchas cosas sobre cómo está evolucionando la actividad en España más allá de los datos de desempleo: casi nada.

La monarquía, Urdangarín, su futuro

Ahora que toda la gente está hablando de lo chorizo que era Urdangarín, que si se aprovechaba de la Casa Real, que si ahora tiene que llegar una  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/12/espana/1323686462.html o que si la abuela fuma; yo aprovecho para distinguir lo urgente de lo importante.

Lo urgente en este caso no es que la Casa Real se reforme, que haya austeridad y transparencia. Lo urgente es que este tipo de comportamientos escapen de la opacidad que caracteriza a nuestra Jefatura del Estado y se proscriban mediante una acción clara y directa de su Jefe, el Rey, Juan Carlos I. El hecho de que haya personas que se estén lucrando con el dinero de todos los españoles gracias a su posición adquirida -y para más inri, una posición antidemocrática- es lo urgente de esta situación.

Lo importante, sin embargo, es recalcar el hecho de que la Monarquía es una institución que no es democrática. Su nacimiento en España viene dado por unas circunstancias muy específicas -simplificando mucho, o Monarquía o ya veremos qué pasa (con ruido de sables de fondo)- y tras una dictadura de casi cuarenta años de duración. Lo que no es moco de pavo. El hecho de que Juan Carlos no lo hiciese mal durante la Transición -aunque hay mucho que escarbar en el 23F- le ha servido para ganarse un prestigio entre los españoles que justifique su posición vitalicia.

Sin embargo, la institución en sí misma no logra tal apoyo entre los españoles. Siendo cierto que cuando analizamos encuestas del CIS la Corona aparece como una de las instituciones más valoradas, cruzando un poco más los datos veremos que realmente el apoyo es a la persona del Monarca, levantando incógnitas sobre el futuro de la institución una vez que el Rey muera y Felipe asuma el trono. ¿Es lógico que en España se siga sosteniendo una institución no democrática? ¿Qué tipo de legitimidad posee la Corona como para erigirse en la institución que representa a España más allá de sus fronteras sin ningún tipo de referendo popular?

El hecho es que la Monarquía está destinada a morir en nuestro país. Hechos como el de Urdangarín no adelantan más que la fecha de defunción de una institución carcomida y apolillada. La República, lejos de ser las siete plagas de Egipto, puede ser el proyecto de unión nacional que España necesita urgentemente junto a la recuperación económica. Los argumentos para defender a la Corona son, cuanto menos, débiles. La necesidad de que los españoles cumplan la mayoría de edad y elijan plenamente a sus líderes, imperiosa.

Quo vadis, Monarchia?

El burgués, la burguesía y la realidad

‘El burgués es el perfecto animal humano domesticado.’ Aldous Huxley.
El burgués es esa persona en la pirámide social que cuenta con unos estudios, generalmente superiores y que cuenta con un cierto nivel de riqueza. Perteneciente en su mayoría a la clase media del país, copan los puestos directivos y las profesiones liberales de un Estado. Del mismo modo, son agentes de un cambio que tiene como fin cristalizar en la sociedad ciertos valores como la democracia, la libertad y la tolerancia que les permitirían expandir sus límites e inquietudes a niveles inimaginables.
La burguesía como tal lleva existiendo prácticamente un milenio. Nacida en la Alta Edad Media, al calor del resurgimiento del comercio y la artesanía después de la caída del Imperio Romano; pronto se convertiría en el principal agente modernizador de las anquilosadas Monarquías feudales para convertirlas en Monarquías autoritarias, absolutas y, finalmente; en Repúblicas o en Monarquías que respetaban los principios de la representatividad democrática.
La burguesía y los burgueses siempre se han caracterizado -en general, en un análisis sociológico- por defender y mantener valores ligados a lo que podríamos denominar hoy en día “liberales”. Valores relacionados con un mayor nivel de libertad económica y personal, valores de participación democrática, valores de tolerancia; valores, en definitiva, basados en la idea de que sólo el individuo se construye a sí mismo. Y sin duda, este burgués así lo entiende también.
La realidad es filtrada a través de la ideología que mamamos y modela nuestras estructuras cognitivas y cerebrales. En román paladino, vemos la realidad según lo que pensamos (aunque en debates epistemológicos no quiero entrar, porque básicamente no tengo ni idea) y creemos que pensamos (las ideologías no son coherentes realmente). De ahí que sobre hechos similares lleguemos a conclusiones diferentes y, a veces, radicalmente distintas.
Por eso mismo he elegido como el título de mi blog ‘El Burgués’; por eso en el link está escrito ‘Nozick tenía razón’ y por eso mismo, yo soy El Burgués. Porque me identifico con la escala de valores que habitualmente relacionamos con “la burguesía”, porque Nozick creía que era el individuo quien estaba en la base de todo y porque, en definitiva, varias de mis inquietudes, intereses y modo de vida podrían encajarse bajo el marco de “lo burgués” (con todas las comillas del mundo, porque en realidad eso es lo que me gusta pensar).
Si has acabado aquí, verás mis idas de olla sobre la política, la actualidad, la ciencia política, la economía, la música, la moda, la literatura y sobre lo que a mí se me ocurra; como Master&Commander del blog que soy. Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta (y los blogs son la prueba fehaciente de ello) pero también dicen que la única batalla que se pierde es la que no se da.
El Burgués os saluda y os da la bienvenida.