El déficit público y las CCAA

Ya es oficial. Como sabréis, las Comunidades Autónomas son las responsables de que el déficit del Reino de España y, por tanto, del Estado; supere con creces el 6% previsto. De un 6 a un 8’5% es más de un 33% de desviación presupuestaria en un país que podemos considerar serio. Es una barbaridad, y más en los tiempos que corremos.

Durante estos días nos cansaremos a escuchar los argumentarios de PP y PSOE. El PP arremeterá contra Zapatero y Salgado, acusándoles de haber engañado, mentido y de haber manipulado las cuentas para evitar que la debacle electoral fuese mayor. El PSOE se remitirá a las actuaciones tomadas y acusará al PP, recordando que gobiernan en prácticamente toda España desde mayo -y en varias CCAA igualmente irresponsables, desde mucho antes-. Los dos tienen razón, y ninguno la lleva.

Tiene razón el PP cuando acusa a Zapatero y Salgado de haber mentido. No sé si lo hicieron a conciencia o simplemente fueron unos bocazas. Sí sé que cuando prometes algo -y encima lo prometes frente a toda Europa, quien te está prestando dinero a manguerazos- tienes que cumplirlo. Decir que el objetivo de déficit iba a cumplirse y poner caras bonitas para la foto no es una forma adecuada de hacer política, más bien de firmar tu sentencia de suicidio político para la próxima década.

Tiene razón el PSOE cuando recuerda que el PP lleva gobernando en la vasta mayoría de las Comunidades Autónomas desde mayo-junio. En algunas, como Valencia o Murcia, desde hace varios lustros. La responsabilidad de medio año de déficit no puede achacarse simplemente a Zapatero y Salgado; máxime cuando el PP sabía que arrasaría en aquellas elecciones autonómicas -quizás con la incertidumbre de Extremadura-. ¿Improvisación? ¿Falta de plan de gobierno claro? Llevan prácticamente un año en el Gobierno y las perspectivas de muchas Comunidades no son halagüeñas, aunque claro está que esto no se arregla en unos meses.

El problema, sin embargo, aparte de las cuchilladas políticas que nuestros líderes se dediquen, es estructural. No es problema de que en un sitio gobierne Esperanza Aguirre y en otro Griñán. No es cuestión de siglas. Es cuestión de que el sistema de financiación autonómica y los principios que lo guían son una auténtica locura digna del peor diseñador legal y fiscal posible. Esta locura se asienta sobre dos problemas: el diseño legal y los incentivos que ello genera.

En primer lugar el diseño es absurdo, oscuro, ineficiente (e ineficaz) y con unos costes de información horribles. Hoy en día las Comunidades -salvo el País Vasco y Navarra- no recaudan impuestos, y dependen de su financiación del dinero que el Gobierno Central les transfiere en base al tramo autonómico del IRPF, transferencias de servicios que son ofrecidos por las CCAA pero son de competencia estatal -como Justicia, por ejemplo- y diversos indicadores como población, renta per cápita, extensión, dispersión de la población, “deudas históricas” varias, etc.

El problema es que el coste de algunos de esos apartados es difícil de cuantificar. No es igual cuantificar lo que has recaudado con tu tramo autonómico del IRPF -x declaraciones por y cantidad, y todos contentos- que medir el coste de determinados servicios que están siendo prestados por las CCAA en el ámbito competencial del Estado, el impacto económico de la dispersión de la población, de la extensión del territorio, etc. Si a eso le sumamos que no existe un baremo único, sino que cada Comunidad elige los parámetros que mejor le convienen, tenemos un sudoku imposible de resolver. La suma de los distintos parámetros para medir el dinero que una Comunidad debe recibir del Estado dan más que 100, y eso genera severos problemas en el reparto del dinero. Por no hablar de la soberana gilipollez de las “deudas históricas”.

En la otra pata del problema tenemos los incentivos. Las Comunidades Autónomas no recaudan sus impuestos, como hemos visto. Sin embargo, son ellas las que gastan el dinero con un margen de discreción muy amplio. Por un lado tenemos los ingresos, que no dependen de las Comunidades -al menos, no directamente- y por otro lado, los gastos; que controlan ellas en su práctica totalidad. Los votantes siempre querrán servicios más amplios y generosos, léase grandes eventos deportivos, protecciones sociales generosas o un hospital en cada esquina. Las CCAA pueden gastar y endeudarse todo lo que quieran, porque, en definitiva; luego pueden acudir al Estado central a llorar y a chantajearlo en base a alianzas políticas -¿recordáis el Tripartito?- o en base a apoyos coyunturales en el Congreso de los Diputados, sobre todo si el Gobierno se encuentra en minoría en la cámara.

Una vez que los problemas llegan, los gobernantes pueden evadir su responsabilidad culpando al Gobierno central de los problemas que han creado ellos mismos, y así evitar la ‘accountability’ necesaria de una democracia. La opacidad del sistema de financiación autonómica y su dificultad hacen prácticamente imposible que los votantes estén informados sobre ello, e instintivamente castigan al Gobierno central. De hecho lo estamos viendo hoy, con los actores políticos centrándose en el Gobierno central cuando el grueso del incumplimiento del déficit proviene de las CCAA.

¿Cómo podemos eliminar este tipo de vicios en el sistema? La solución es evidente. Un sistema en el que las CCAA recauden sus propios tributos y se paguen ellas mismas los servicios que deseen proveer. Ello, unido a una lista cerrada de competencias que divida claramente lo que deben hacer el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En definitiva, un Estado federal donde las Comunidades sean plenamente responsables de sus temas fiscales y donde los votantes puedan centrar sus exigencias de rendición de cuentas.

Todos los intentos en este sentido, o al menos de armonizar el sistema autonómico y hacerlo racional y eficaz, han fracasado. ¿Sabéis por qué? Eso lo dejamos para otro día.

PD: Yo me preocuparía, y mucho, de esa desviación de casi medio punto en la Seguridad Social. Eso nos dice muchas cosas sobre cómo está evolucionando la actividad en España más allá de los datos de desempleo: casi nada.