Democracia, representantes y política

Ah, los políticos. Qué malos son. Nunca nos hacen caso. Habría que quemarlos a todos (sic). Todos estamos acostumbrados a oír este tipo de proclamas de gente más o menos conocedora de cómo funciona el sistema político. Así, de lejos. Pero deberíamos preocuparnos cuando esto lo dice gente que, en teoría, debería conocer cómo funcionan nuestros sistemas representativos y qué alternativas existen en el mundo democrático. Porque, no nos engañemos, los primeros suelen ser los adalides de la antipolítica; los que pretenden que nos gobierne una casta tecnócrata o, lo que es peor, la vanguardia del Partido.

Pero, en una etapa de crisis en la que estamos, en la que los políticos parecen no responder a requerimientos sociales y cuyo alejamiento de la sociedad civil es cada vez mayor, ¿qué podemos hacer para restablecer el vínculo de legitimidad entre representantes y representados? ¿Qué podemos hacer para hacer que nuestra democracia siga robusta y fuerte, que el ciudadano tenga control sobre su representante y la política triunfe? Al respecto encontramos dos posturas: la bienpensante y la realista. Me explicaré un poco más.

La postura bienpensante es la que mucha gente propugna como radical solución de todos los problemas que afectan a nuestro país. Incluidos los efectos de una década de derroche. Es el sistema proporcional puro, al sistema italiano/griego y, además, como doble pirueta efectista (porque queda muy bien), el sistema de listas abiertas. Si me permitís la expresión, con dos cojones. Los defensores de este modelo aducen que los problemas de representación de este país vienen porque gente como IU están infrarrepresentados y que el PP y el PSOE sacan muchos más escaños de los que les correspondería dado el sesgo mayoritario del sistema electoral. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Son hechos demostrados.

(Dejo al margen el hecho de que los defensores de este sistema obvian el caso de provincias grandes donde el sistema proporcional funciona y el sistema de los restos de D’Hondt funciona perfectamente. El problema electoral lo introduce el tamaño de la circunscripción, no el sistema electoral en sí mismo.)

Los defensores de este modelo, continúan: si hacemos que el sistema sea proporcionalmente puro, los representantes serán la fiel imagen de lo que el electorado de este país desea, y mágicamente el consenso y la sabiduría nacerán de ese idílico foro de representantes sabios y excelentes en sus campos vitales. (Sobre la falacia republicana del consenso, recordadme que escriba algún día). Bueno, todo esto puede estar muy bien (sobre todo cuando nos mencionan la democracia ateniense, donde “todos” debatían, y eran libres y vivían en una especie de Arcadia feliz), pero nos olvidamos de un hecho fundamental: queremos que nuestros representantes nos representen, pero también que puedan gobernar. Imaginaos un Congreso en el que hubiera 15 partidos y en el que hubiera posibilidades de gobierno para cinco de ellos, necesitando a menudo diputados sueltos para conformar mayorías estables y estas, cuando se lograban, siendo muy precarias dada la cantidad de partidos involucrados.

Más aún. Imaginad los incentivos que tenía un diputado concreto si sabía que de él dependía todo un gobierno. O imaginad la estabilidad gubernamental cuando eran varios partidos de los que dependía la aprobación de una ley, la tramitación de un proyecto o la mera aceptación de un Ministro. Nula. Y así, la República Italiana fue un nido de intrigas entre fracciones de los partidos, con gobiernos que apenas duraban uno o dos años y con una efectividad que asustaría a cualquier persona con dos dedos de frente. Esto, sólo con un sistema proporcional, asumiendo que seguiríamos con listas cerradas y bloqueadas. Ahora imaginad un sistema de listas abiertas en circunscripción única nacional junto a lo anterior. Tendríais unas sábanas (tal cual, imaginad que se presentan 50 partidos por 350 candidatos cada uno, 17.500 candidatos de los que tendríais que informaros) a la hora de votar enormes. 17.500 nombres, 17.500 personas de las que se supone, sabéis algo y podéis emitir un voto informado y real.

De todo esto, nadie dice nada. Porque los defensores bienpensantes de este tipo de sistema ignoran a dónde nos llevaría su propuesta. Al caos y a la imposibilidad de tener un gobierno estable aunque sea de manera mínima. Por no hablar de que ya me diréis vosotros qué clase de relación, vínculo o legitimidad se encuentra entre vosotros y los nombres que tacháis de esa sábana. ¿Os vais a informar de la trayectoria e ideas de 17.500 personas? Yo, por mucho que me interese la política, dudo que tenga tiempo para ello. Y eso que soy un estudiante ocioso. Por cierto, ¿conocéis a los Senadores que elegís? ¿Sabéis que es un sistema de listas abiertas? Vaya, y nadie tiene mucha idea de quién es su Senador, o nadie le controla demasiado. Marca los candidatos de su partido y listos (y de hecho, sólo salen los dos primeros).

Frente a esto tenemos una alternativa realista, pero que suena muy mal. El sistema mayoritario inglés. En este sistema dividimos el país en un número de circunscripciones tal como el número de representantes a elegir, con una suma similar de ciudadanos con derecho a voto en cada circunscripción. Tras la votación, el winner takes it all y el candidato con mayor número de votos es elegido como representante de la circunscripción electoral. Ahora es cuando todos me llamáis fascista, antidemócrata y poco menos que me acusáis de haber matado al abuelo de Heidi. Pero, pensemos un poco más allá. Sí, puede resultar difícil de aceptar que un candidato por diferencias mínimas sea investido como representante, cuando a lo mejor la suma del resto de candidatos es infinitamente mayor pero, ojo, ¿queremos gente que discuta por nosotros o queremos gente que nos represente?

Ese diputado ha sido elegido por un margen mínimo, pero sabemos que es nuestro representante. Sabemos que en las próximas elecciones se juega el puesto. Que necesita apoyos desesperadamente y que lo último que quiere un político es perder las elecciones. Imaginad que sabéis dónde tiene la oficina ese representante, y que hay una próxima votación en la que os duele mucho que se vote a favor. Ahora, os pasáis a menudo por el despacho de este diputado, le recordáis que se juega el puesto, que no vais a apoyarle, que estáis muy cabreados y que vais a hablar mal de él en el bar, en el ascensor y hasta en la oficina mientras os tomáis un café.

Sorpresa. Ese diputado que antes estaba en el Congreso, feliz, dependiendo de que el partido le pusiera o no en las listas; ahora, depende de vosotros. Los electores. Ya no depende de que alguien (no sabemos quién, ni en base a qué méritos) escriba su nombre en una papeleta bajo unas siglas. Ahora depende de los votos directos de gente que va a vivir cerca de él, y que va a tener unos problemas muy similares. ¿Cuántos de vosotros sabéis, por ejemplo, quiénes son los diputados del PP por Madrid? ¿Podéis escribirlos y quejaros? ¿Sabéis dónde tienen su oficina o despacho? ¿Sabéis si reciben visitas? ¿Sabéis en qué sentido votan? ¿Sabéis qué tipo de propuestas presentan en el Parlamento? ¿Qué discursos dan? ¿En qué Comisiones trabajan?

No tenéis ni idea. Como no la tengo yo. Y si alguna vez habéis escrito a algún diputado, rara será la vez que os haya contestado. Como nos ha pasado a todos. Sí. Tenéis razón. Quizás muchas veces los votos de IU o de UPyD, del PSOE o del PP se pierdan en el camino. Pero yo no quiero votar unas siglas, sino a un representante. Y si puedo controlar a mi representante mucho más, mucho mejor y mucho más de cerca, a costa de tener un Parlamento sólo de PP y de PSOE, bienvenido sea.

Yo no quiero una democracia partidista, donde se vote cada cuatro años y se olvide la rendición de cuentas. Me considero un ciudadano maduro y responsable, capaz de dar la tabarra por según qué cosas si sé quién me está representando y quién está votando por mí. Creo que tengo derecho a decirle a mi representante que se está jugando el puesto, y que no se olvide de que él está ahí gracias a los votos de personas como yo. Hoy por hoy eso es imposible. Si alguien está en el número dos de la lista del PSOE por Madrid va a salir sí o sí, y únicamente rendirá cuentas al barón u oscuro trilero que maneja los hilos en Ferraz. Eso es un hecho.

En nuestras manos está elegir la alternativa utópica o la alternativa realista. ¿Queréis más democracia? ¿Queréis conocer a vuestros representantes? Entonces, obliguemos a los partidos a abrirse a la sociedad civil. Obliguemos a los partidos a que escuchen a los ciudadanos y evitemos el masivo poder de una burocracia tan fuerte y oscura como un partido político. Sistema mayoritario uninominal, ¡ya!

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El déficit público y las CCAA

Ya es oficial. Como sabréis, las Comunidades Autónomas son las responsables de que el déficit del Reino de España y, por tanto, del Estado; supere con creces el 6% previsto. De un 6 a un 8’5% es más de un 33% de desviación presupuestaria en un país que podemos considerar serio. Es una barbaridad, y más en los tiempos que corremos.

Durante estos días nos cansaremos a escuchar los argumentarios de PP y PSOE. El PP arremeterá contra Zapatero y Salgado, acusándoles de haber engañado, mentido y de haber manipulado las cuentas para evitar que la debacle electoral fuese mayor. El PSOE se remitirá a las actuaciones tomadas y acusará al PP, recordando que gobiernan en prácticamente toda España desde mayo -y en varias CCAA igualmente irresponsables, desde mucho antes-. Los dos tienen razón, y ninguno la lleva.

Tiene razón el PP cuando acusa a Zapatero y Salgado de haber mentido. No sé si lo hicieron a conciencia o simplemente fueron unos bocazas. Sí sé que cuando prometes algo -y encima lo prometes frente a toda Europa, quien te está prestando dinero a manguerazos- tienes que cumplirlo. Decir que el objetivo de déficit iba a cumplirse y poner caras bonitas para la foto no es una forma adecuada de hacer política, más bien de firmar tu sentencia de suicidio político para la próxima década.

Tiene razón el PSOE cuando recuerda que el PP lleva gobernando en la vasta mayoría de las Comunidades Autónomas desde mayo-junio. En algunas, como Valencia o Murcia, desde hace varios lustros. La responsabilidad de medio año de déficit no puede achacarse simplemente a Zapatero y Salgado; máxime cuando el PP sabía que arrasaría en aquellas elecciones autonómicas -quizás con la incertidumbre de Extremadura-. ¿Improvisación? ¿Falta de plan de gobierno claro? Llevan prácticamente un año en el Gobierno y las perspectivas de muchas Comunidades no son halagüeñas, aunque claro está que esto no se arregla en unos meses.

El problema, sin embargo, aparte de las cuchilladas políticas que nuestros líderes se dediquen, es estructural. No es problema de que en un sitio gobierne Esperanza Aguirre y en otro Griñán. No es cuestión de siglas. Es cuestión de que el sistema de financiación autonómica y los principios que lo guían son una auténtica locura digna del peor diseñador legal y fiscal posible. Esta locura se asienta sobre dos problemas: el diseño legal y los incentivos que ello genera.

En primer lugar el diseño es absurdo, oscuro, ineficiente (e ineficaz) y con unos costes de información horribles. Hoy en día las Comunidades -salvo el País Vasco y Navarra- no recaudan impuestos, y dependen de su financiación del dinero que el Gobierno Central les transfiere en base al tramo autonómico del IRPF, transferencias de servicios que son ofrecidos por las CCAA pero son de competencia estatal -como Justicia, por ejemplo- y diversos indicadores como población, renta per cápita, extensión, dispersión de la población, “deudas históricas” varias, etc.

El problema es que el coste de algunos de esos apartados es difícil de cuantificar. No es igual cuantificar lo que has recaudado con tu tramo autonómico del IRPF -x declaraciones por y cantidad, y todos contentos- que medir el coste de determinados servicios que están siendo prestados por las CCAA en el ámbito competencial del Estado, el impacto económico de la dispersión de la población, de la extensión del territorio, etc. Si a eso le sumamos que no existe un baremo único, sino que cada Comunidad elige los parámetros que mejor le convienen, tenemos un sudoku imposible de resolver. La suma de los distintos parámetros para medir el dinero que una Comunidad debe recibir del Estado dan más que 100, y eso genera severos problemas en el reparto del dinero. Por no hablar de la soberana gilipollez de las “deudas históricas”.

En la otra pata del problema tenemos los incentivos. Las Comunidades Autónomas no recaudan sus impuestos, como hemos visto. Sin embargo, son ellas las que gastan el dinero con un margen de discreción muy amplio. Por un lado tenemos los ingresos, que no dependen de las Comunidades -al menos, no directamente- y por otro lado, los gastos; que controlan ellas en su práctica totalidad. Los votantes siempre querrán servicios más amplios y generosos, léase grandes eventos deportivos, protecciones sociales generosas o un hospital en cada esquina. Las CCAA pueden gastar y endeudarse todo lo que quieran, porque, en definitiva; luego pueden acudir al Estado central a llorar y a chantajearlo en base a alianzas políticas -¿recordáis el Tripartito?- o en base a apoyos coyunturales en el Congreso de los Diputados, sobre todo si el Gobierno se encuentra en minoría en la cámara.

Una vez que los problemas llegan, los gobernantes pueden evadir su responsabilidad culpando al Gobierno central de los problemas que han creado ellos mismos, y así evitar la ‘accountability’ necesaria de una democracia. La opacidad del sistema de financiación autonómica y su dificultad hacen prácticamente imposible que los votantes estén informados sobre ello, e instintivamente castigan al Gobierno central. De hecho lo estamos viendo hoy, con los actores políticos centrándose en el Gobierno central cuando el grueso del incumplimiento del déficit proviene de las CCAA.

¿Cómo podemos eliminar este tipo de vicios en el sistema? La solución es evidente. Un sistema en el que las CCAA recauden sus propios tributos y se paguen ellas mismas los servicios que deseen proveer. Ello, unido a una lista cerrada de competencias que divida claramente lo que deben hacer el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En definitiva, un Estado federal donde las Comunidades sean plenamente responsables de sus temas fiscales y donde los votantes puedan centrar sus exigencias de rendición de cuentas.

Todos los intentos en este sentido, o al menos de armonizar el sistema autonómico y hacerlo racional y eficaz, han fracasado. ¿Sabéis por qué? Eso lo dejamos para otro día.

PD: Yo me preocuparía, y mucho, de esa desviación de casi medio punto en la Seguridad Social. Eso nos dice muchas cosas sobre cómo está evolucionando la actividad en España más allá de los datos de desempleo: casi nada.