Democracia, representantes y política

Ah, los políticos. Qué malos son. Nunca nos hacen caso. Habría que quemarlos a todos (sic). Todos estamos acostumbrados a oír este tipo de proclamas de gente más o menos conocedora de cómo funciona el sistema político. Así, de lejos. Pero deberíamos preocuparnos cuando esto lo dice gente que, en teoría, debería conocer cómo funcionan nuestros sistemas representativos y qué alternativas existen en el mundo democrático. Porque, no nos engañemos, los primeros suelen ser los adalides de la antipolítica; los que pretenden que nos gobierne una casta tecnócrata o, lo que es peor, la vanguardia del Partido.

Pero, en una etapa de crisis en la que estamos, en la que los políticos parecen no responder a requerimientos sociales y cuyo alejamiento de la sociedad civil es cada vez mayor, ¿qué podemos hacer para restablecer el vínculo de legitimidad entre representantes y representados? ¿Qué podemos hacer para hacer que nuestra democracia siga robusta y fuerte, que el ciudadano tenga control sobre su representante y la política triunfe? Al respecto encontramos dos posturas: la bienpensante y la realista. Me explicaré un poco más.

La postura bienpensante es la que mucha gente propugna como radical solución de todos los problemas que afectan a nuestro país. Incluidos los efectos de una década de derroche. Es el sistema proporcional puro, al sistema italiano/griego y, además, como doble pirueta efectista (porque queda muy bien), el sistema de listas abiertas. Si me permitís la expresión, con dos cojones. Los defensores de este modelo aducen que los problemas de representación de este país vienen porque gente como IU están infrarrepresentados y que el PP y el PSOE sacan muchos más escaños de los que les correspondería dado el sesgo mayoritario del sistema electoral. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Son hechos demostrados.

(Dejo al margen el hecho de que los defensores de este sistema obvian el caso de provincias grandes donde el sistema proporcional funciona y el sistema de los restos de D’Hondt funciona perfectamente. El problema electoral lo introduce el tamaño de la circunscripción, no el sistema electoral en sí mismo.)

Los defensores de este modelo, continúan: si hacemos que el sistema sea proporcionalmente puro, los representantes serán la fiel imagen de lo que el electorado de este país desea, y mágicamente el consenso y la sabiduría nacerán de ese idílico foro de representantes sabios y excelentes en sus campos vitales. (Sobre la falacia republicana del consenso, recordadme que escriba algún día). Bueno, todo esto puede estar muy bien (sobre todo cuando nos mencionan la democracia ateniense, donde “todos” debatían, y eran libres y vivían en una especie de Arcadia feliz), pero nos olvidamos de un hecho fundamental: queremos que nuestros representantes nos representen, pero también que puedan gobernar. Imaginaos un Congreso en el que hubiera 15 partidos y en el que hubiera posibilidades de gobierno para cinco de ellos, necesitando a menudo diputados sueltos para conformar mayorías estables y estas, cuando se lograban, siendo muy precarias dada la cantidad de partidos involucrados.

Más aún. Imaginad los incentivos que tenía un diputado concreto si sabía que de él dependía todo un gobierno. O imaginad la estabilidad gubernamental cuando eran varios partidos de los que dependía la aprobación de una ley, la tramitación de un proyecto o la mera aceptación de un Ministro. Nula. Y así, la República Italiana fue un nido de intrigas entre fracciones de los partidos, con gobiernos que apenas duraban uno o dos años y con una efectividad que asustaría a cualquier persona con dos dedos de frente. Esto, sólo con un sistema proporcional, asumiendo que seguiríamos con listas cerradas y bloqueadas. Ahora imaginad un sistema de listas abiertas en circunscripción única nacional junto a lo anterior. Tendríais unas sábanas (tal cual, imaginad que se presentan 50 partidos por 350 candidatos cada uno, 17.500 candidatos de los que tendríais que informaros) a la hora de votar enormes. 17.500 nombres, 17.500 personas de las que se supone, sabéis algo y podéis emitir un voto informado y real.

De todo esto, nadie dice nada. Porque los defensores bienpensantes de este tipo de sistema ignoran a dónde nos llevaría su propuesta. Al caos y a la imposibilidad de tener un gobierno estable aunque sea de manera mínima. Por no hablar de que ya me diréis vosotros qué clase de relación, vínculo o legitimidad se encuentra entre vosotros y los nombres que tacháis de esa sábana. ¿Os vais a informar de la trayectoria e ideas de 17.500 personas? Yo, por mucho que me interese la política, dudo que tenga tiempo para ello. Y eso que soy un estudiante ocioso. Por cierto, ¿conocéis a los Senadores que elegís? ¿Sabéis que es un sistema de listas abiertas? Vaya, y nadie tiene mucha idea de quién es su Senador, o nadie le controla demasiado. Marca los candidatos de su partido y listos (y de hecho, sólo salen los dos primeros).

Frente a esto tenemos una alternativa realista, pero que suena muy mal. El sistema mayoritario inglés. En este sistema dividimos el país en un número de circunscripciones tal como el número de representantes a elegir, con una suma similar de ciudadanos con derecho a voto en cada circunscripción. Tras la votación, el winner takes it all y el candidato con mayor número de votos es elegido como representante de la circunscripción electoral. Ahora es cuando todos me llamáis fascista, antidemócrata y poco menos que me acusáis de haber matado al abuelo de Heidi. Pero, pensemos un poco más allá. Sí, puede resultar difícil de aceptar que un candidato por diferencias mínimas sea investido como representante, cuando a lo mejor la suma del resto de candidatos es infinitamente mayor pero, ojo, ¿queremos gente que discuta por nosotros o queremos gente que nos represente?

Ese diputado ha sido elegido por un margen mínimo, pero sabemos que es nuestro representante. Sabemos que en las próximas elecciones se juega el puesto. Que necesita apoyos desesperadamente y que lo último que quiere un político es perder las elecciones. Imaginad que sabéis dónde tiene la oficina ese representante, y que hay una próxima votación en la que os duele mucho que se vote a favor. Ahora, os pasáis a menudo por el despacho de este diputado, le recordáis que se juega el puesto, que no vais a apoyarle, que estáis muy cabreados y que vais a hablar mal de él en el bar, en el ascensor y hasta en la oficina mientras os tomáis un café.

Sorpresa. Ese diputado que antes estaba en el Congreso, feliz, dependiendo de que el partido le pusiera o no en las listas; ahora, depende de vosotros. Los electores. Ya no depende de que alguien (no sabemos quién, ni en base a qué méritos) escriba su nombre en una papeleta bajo unas siglas. Ahora depende de los votos directos de gente que va a vivir cerca de él, y que va a tener unos problemas muy similares. ¿Cuántos de vosotros sabéis, por ejemplo, quiénes son los diputados del PP por Madrid? ¿Podéis escribirlos y quejaros? ¿Sabéis dónde tienen su oficina o despacho? ¿Sabéis si reciben visitas? ¿Sabéis en qué sentido votan? ¿Sabéis qué tipo de propuestas presentan en el Parlamento? ¿Qué discursos dan? ¿En qué Comisiones trabajan?

No tenéis ni idea. Como no la tengo yo. Y si alguna vez habéis escrito a algún diputado, rara será la vez que os haya contestado. Como nos ha pasado a todos. Sí. Tenéis razón. Quizás muchas veces los votos de IU o de UPyD, del PSOE o del PP se pierdan en el camino. Pero yo no quiero votar unas siglas, sino a un representante. Y si puedo controlar a mi representante mucho más, mucho mejor y mucho más de cerca, a costa de tener un Parlamento sólo de PP y de PSOE, bienvenido sea.

Yo no quiero una democracia partidista, donde se vote cada cuatro años y se olvide la rendición de cuentas. Me considero un ciudadano maduro y responsable, capaz de dar la tabarra por según qué cosas si sé quién me está representando y quién está votando por mí. Creo que tengo derecho a decirle a mi representante que se está jugando el puesto, y que no se olvide de que él está ahí gracias a los votos de personas como yo. Hoy por hoy eso es imposible. Si alguien está en el número dos de la lista del PSOE por Madrid va a salir sí o sí, y únicamente rendirá cuentas al barón u oscuro trilero que maneja los hilos en Ferraz. Eso es un hecho.

En nuestras manos está elegir la alternativa utópica o la alternativa realista. ¿Queréis más democracia? ¿Queréis conocer a vuestros representantes? Entonces, obliguemos a los partidos a abrirse a la sociedad civil. Obliguemos a los partidos a que escuchen a los ciudadanos y evitemos el masivo poder de una burocracia tan fuerte y oscura como un partido político. Sistema mayoritario uninominal, ¡ya!

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La catástrofe del desempleo

Enhorabuena españoles. Lo hemos logrado. Hemos destruido la barrera del 25% de desempleo y lo hemos hecho por la puerta grande, condenando a una generación a empleos precarios y de baja productividad en el mejor de los casos. A vivir de subvenciones públicas o emigrar en el peor de ellos. No está mal para un país que hace menos de un lustro se jactaba de competir en ‘Champions League’. Pero eso deben ser minucias.

Sin embargo, lo verdaderamente trágico (si es que tener a un 25% de tu población en edad de trabajar sin empleo no lo es suficiente) son las tasas que se ven entre los jóvenes y entre aquellos con una menor formación educativa. Gráficos desempleo e inactividad.

Los datos están sacados de la última EPA que ha publicado el INE hoy. Se ve muy claramente quiénes son los que se están tragando las consecuencias de la crisis económica. Y no son otros que nosotros, los jóvenes. Con unas tasas de desempleo que incluso doblan las de las edades superiores (y que son, aún así, catastróficas) lo que estamos haciendo es condenar a toda una generación de jóvenes a que no sirvan para nada. No adquieren experiencia profesional ni se reincorporan al entorno académico pues ven que las perspectivas de incorporación profesional para empleos técnicos o universitarios son incluso peores que careciendo de cualificaciones académicas.

Sí, hay un porcentaje serio de gente en edades medianas con tasas de desempleo enormes, también. Me dirá alguno que eso demuestra que aquí quien lo pasa mal es ese “padre de familia”, y no niego que estamos comenzando a ver situaciones que son realmente dramáticas sobre en todo en temas de desahucios. Sin embargo, echad un ojo de nuevo a los gráficos. Tenéis 18 años, apenas estudios y se os plantea la disyuntiva de seguir estudiando o de poneros a trabajar porque en casa no llega. Os encontráis con que prácticamente un 50% de los jóvenes de 16 a 24 años están en vuestra misma situación.

Pero es que la situación cuando uno es un poco más mayor no mejora. Las tasas de desempleo entre esos jóvenes que van hasta los 30 años se sitúan transversalmente por encima del 25-30%, sin llegar a caer por debajo del 20% salvo en casos de formación profesional superior. Parad a pensar un segundo. Más de un 20% de jóvenes con titulación universitaria no encuentran trabajo. Y esa es la gente con nuevas ideas, que aporta nueva savia a una empresa y que puede proveer de un salto de productividad a una empresa en crecimiento. Toda esa gente tiene la puerta cerrada hoy en España y su única salida es el extranjero o vagabundear de un trabajo a otro.

La crisis afecta de manera general a nuestra sociedad. Eso es evidente y este post no está encaminado a negar la realidad. Lo que tenemos que pensar es qué hacer con casi la mitad de esta generación que ni encuentra acomodo en las aulas ni encuentra trabajo. Tenemos qué pensar qué está fallando en nuestro sistema educativo y laboral para que no seamos capaces, de ningún modo, de hacer sitio a esta gente con casi 50 años por delante para trabajar.

La sangría que no para en las fronteras no se soluciona con “planes de empleo”, “planes de formación” o “políticas de empleo activo” (por citar algunos ejemplos de frases vacías que utilizan nuestros representantes) que en nada ayudan a nuestra generación. No queremos que nos subvencionen y que nos regalen pan para hoy y hambre para mañana. Queremos trabajar y salir adelante en este país que nos ha dado la oportunidad de mejorar, estudiar y crecer pero que ahora nos da la espalda. Y es que en estos días tenemos que proteger al trabajador, no a su puesto de trabajo.

En otro gráfico que corre por Internet (aquí lo tenéis a la izquierda) se ve quiénes son los que han sufrido la crisis hasta el primer trimestre del año pasado. Adivinad qué grupos de edad y formación son quienes más tienen un contrato temporal y quiénes un contrato indefinido. Sí. Habéis acertado. Éramos los jóvenes quienes nos comíamos esos contratos temporales. ¿Quién no ha oído a algún familiar o amigo hablar del “a ver si me renuevan”? O, sin ir más lejos, esas cábalas que se formaban sumando tiempos de contratación a ver si se podía acceder al tan deseado estatus de “indefinido”. Esas alegrías de “¡me han hecho indefinido!” cuando un familiar te llamaba así de contento por la buena nueva.

 

¿Por qué se utilizaba entonces ese contrato temporal caracterizado por su inestabilidad y precariedad? Por sus mínimos costes de transacción y despido. La flexibilidad laboral aumentaba gracias a este tipo de contrato, que ha sido utilizado en España para sortear a los jarrones chinos que suelen ser los trabajadores con contrato indefinido. Basta echar un ojo a esta gráfica que os adjunto de Eurostat (España en azul y la media europea en verde) sobre el porcentaje de trabajadores con contrato temporal para ilustrarlo. Se ve lo evidente. El ajuste laboral en este país viene a través de la rescisión de contratos temporales. Para echarse un poco más las manos a la cabeza sólo tenéis que daros un paseo por la jurisprudencia de los Juzgados y Audiencias de lo Laboral en este país. Veréis sentencias con las que podréis tiraros de los pelos, trabajadores injustamente defendidos de un despido y una rigidez extrema que simplemente anquilosa nuestro mercado laboral y las perspectivas de futuro de toda una generación que llama a la puerta de los trabajos sin recibir respuesta.

Son varios los trabajos que en el ámbito académico vienen demostrando que un mercado laboral extremadamente rígido implica unas elevadas barreras de entrada al mercado laboral, elevando efectivamente el porcentaje de desempleo entre los jóvenes. Por mencionar un par de estudios tenemos este trabajo del Fondo Monetario Internacional de Lorenzo E. Bernal-Verdugo, Davide Furceri y Dominique Guillaume que muestra la correlación mencionada. En sus palabras (página 9):

“[…] our results show that the hiring and firing regulations index (area5bii, in column 3) has a statistically significant negative effect on youth unemployment, as a one standard deviation increase in this sub-component index results in 0.78 percentage point decrease in youth unemployment. This result may be interpreted as an indication of the negative effect that hiring and firing rigidities have particularly on young workers, who may face stronger barriers to enter the labor market.”

Sin embargo esta discusión no es nueva en España. En ‘Unemployment and Labour Market Flexibility: Spain’ de Juan Jimeno y Luis Toharia ya se discutían los efectos de la rigidez laboral en nuestro mercado laboral, y en los beneficiosos efectos que la flexibilización del mercado laboral tuvo tras la crisis de los años 70 y 80. Ver casi veinte años después el mismo debate nos indica que aquella reforma se quedó muy corta, y la última reforma laboral, más que flexibilizar el mercado y asumir una protección del trabajador (y no del puesto de trabajo), se dedica a dejarlo todo a medias, asumiendo lo malo de un sistema y de otro. Para un trabajo interesante (e ideas que siguen en pie veinte años más tarde) os recomiendo leeros el capítulo cuatro del libro que podéis encontrar casi entero en Google Scholar.

En definitiva, en España tenemos que decidir qué queremos hacer. Podemos seguir igual, aplaudiendo las “reformas” que CEOE y sindicatos consideran como elementales y que el Gobierno, más preocupado de no tocar ciertos nichos de votos que de dar solución a la sangría nacional, sacan adelante. O podemos decidir ir en una senda de futuro y flexibilizar nuestro mercado laboral. Mucha gente ha dado propuestas en este sentido (entre ellos Unión, Progreso y Democracia o la gente de FEDEA). Hay otros que proponen volver al modelo franquista de protección laboral (ignorando que la estructura económica y social hace casi tres décadas que cambiaron radicalmente). Como gente más lista que yo ha escrito sobre ello, os dejo a vuestra elección que leáis algo de ellos.

Tenemos una generación que puede irse por el sumidero de la Historia. Un conflicto intergeneracional latente y a punto de estallar. En nuestra mano está elegir hacia qué tipo de país ir. Podemos dar la patada adelante y que la gente emigre, que otros se ocupen del problema en unos años y, mientras tanto, a proteger nuestros nichos de votantes; o podemos coger el toro por los cuernos y dar una oportunidad a los jóvenes españoles. Mi opción está clara, desde luego.

Adiós, Cataluña

Ayer, domingo 4 de marzo de 2012, Jordi Pujol se despedía de España. Así, el gran prohombre democrático decía que las relaciones entre España y Cataluña eran insostenibles y que el próximo paso era la independencia. Parece irónico que el anuncio se hiciera el día que hace más de cuatro siglos Madrid volvía a ser capital ya definitiva de España o el día también que, (con un poco más de mala leche), Falange Española y las JONS se fusionaban. Nunca sabemos lo que nos despara la Historia.

Pero, para evitar desviarme en exceso del tema que nos ocupa, me centraré un poco en lo que dijo ayer Pujol. Sé que es imposible convencerlos de que España no expolia a Cataluña, de que castellano y catalán tienen los mismos derechos y de que vivimos en el mismo país y, por tanto; no podemos limitarnos los unos a los otros. Me detendré un poco más en las mentiras que han creado para sustentar su chiringuito nacionalista, lamentablemente atizado por los nacionalistas españoles, incapaces de hacer comprender que Cataluña es España y España es Cataluña.

La primera idea flotante en el imaginario nacionalista catalán es la visión de una Cataluña independiente y ajena a lo que ocurría en la Península Ibérica. Una visión idílica de lo que fue el Condado de Barcelona primero y el Principado de Cataluña más tarde; siempre imaginándose como banqueros genoveses o venecianos antes que, como lo que de verdad fueron, una parte importantísima de una Corona de Aragón gobernada por castellanos. El Condado de Barcelona, primero dependiente del Imperio Franco e independiente de manera efímera durante un siglo fue finalmente absorbido por los Reyes de Aragón, dando nacimiento a la Corona de Aragón. Una Corona donde, si bien la parte catalana mantuvo una cierta autonomía o identidad, siempre se identificó con el nombre de la parte aragonesa, gobernando desde Zaragoza y no fue sino hasta el Siglo XIII y XIV cuando los intereses se volcaron en el Mediterráneo. Y no gracias a la pujanza comercial barcelonesa, sino a derechos dinásticos de la Casa de Aragón. Los almogávares, idealizados como luchadores catalanes de la libertad, no fueron sino veteranos que debieron reconvertirse en mercenarios del Imperio Bizantino y que acabaron saqueando Grecia. En resumen, ninguna Cataluña independiente existió más que durante apenas un siglo de interregno entre la decadencia definitiva del Imperio Franco y la sumisión del Condado a los Reyes de Aragón.

Otro de los mitos es la lucha por la independencia que teóricamente supuso la rebelión de Cataluña en 1640 contra los proyectos del Conde-Duque de Olivares. En el imaginario independentista esta rebelión anuncia el nacimiento de la Cataluña irredenta, la Cataluña vejada por el malvado castellano. En realidad, no fue sino una revuelta popular, antinobiliaria y que, como otras tantas de la época, se sublevaba al grito de “¡Viva el Rey!”. Los campesinos, hartos de guerras, saqueados por Francia, con tropas acantonadas en su territorio y manipulados convenientemente por los líderes burgueses de la época; salieron a la calle. Toda una serie de malentendidos -y egoísmo de la burguesía catalana, que no defendieron a España cuando los franceses sitiaron Fuenterrabía- agravaron la situación y todo ello acabó con la revolución del Corpus de Sangre.

Es aquí cuando se consuma la traición. Cataluña se echa en brazos del francés, de Luis XIII y de Richelieu. No fue esto una independencia, sino cambiar un Señor por otro y desgarrar el territorio de lo que desde la Alta Edad Media se consideraba ya Hispania. No fue una lucha épica por la libertad, sino una serie de malentendidos típicamente pre-modernos (la lucha por instaurar un Estado-Nación de Olivares y la idea medieval de la nobleza catalano-aragonesa) que desembocaron en esa miniguerra, enmarcada en la guerra total que ocupaba a Francia y a España.

Luego vinieron ya el centralismo borbónico y las Guerras Carlistas; fundamentadas sobre esos mitos catalanes. Finalmente, y al calor del Romanticismo y el nacionalismo, el nacimiento de la moderna conciencia catalana intenta manipular al máximo estos hechos para configurar una Cataluña modélica e independiente donde teóricamente todos debían ser felices y vivir del Cuerno de la Abundancia, a tenor de la narrativa utilizada. Ya es cansino tener que soportar esta manipulación, como aguantar otro tipo de manipulaciones más recientes.

Si bien es cierto que, por ejemplo, Franco se negó a que se hablara el catalán; no fue por un odio a Cataluña sino por su rancio nacionalismo español que también negó el uso del idioma a Galicia y al País Vasco. No obstante, Franco se rodeó de la alta burguesía catalana e invirtió durante toda la Dictadura en Cataluña muchísimo más que en el resto de España en conjunto. La actual red de autopistas catalana no nace precisamente en la democracia, sino por la inversión franquista en la zona. No olvidemos tampoco la zona franca de Barcelona, El Prat, los estudios de RTVE, la SEAT…

España jamás ha expoliado a Cataluña. Durante años tanto Cataluña como Madrid como el País Vasco se han visto favorecidos por el Gobierno central. Inversiones monopolísticas, concesiones oligopólicas, grandes infraestructuras…Son grandes polos de desarrollo que se han utilizado históricamente. Con la llegada de la democracia, sin embargo, parecía lógico que los territorios más ricos intentaran promover la unidad del mercado español y aportaran parte de sus ingresos para el desarrollo de las regiones más pobres de nuestro país -otro día hablaremos de ello más en detalle-. Si eso es considerado como expolio, realmente no somos los que queremos a Cataluña en España los que tenemos un problema.

Si Cataluña desea seguir adelante en sus reivindicaciones nacionalistas, pese a todas las falacias históricas que intentan mínimamente justificarla; no puede esperar comprensión por parte de un país que le ha dado todo lo humanamente posible para su despegue. Cataluña no puede aspirar a ser parte de la UE, ni gozar de la protección de España, ni pretender vivir independientemente entre dos grandes naciones como España o Francia. Ha de elegir, y en esa encrucijada; si Cataluña elige ir por la vía de en medio, como los cabestros; se encontrará con un camino pedregoso y lleno de dificultades.

Adiós, Cataluña; adiós. Pero si te vas, nunca te des la vuelta y llores; porque España ama, pero despechada puede ser peor que ninguna otra amante.

El desgarro de la democracia

Hoy en la Comunidad de Madrid la gente vota. O eso haría si de verdad estuviésemos ante un referéndum en el que el pueblo de Madrid, sujeto político de la Comunidad, expresase su voluntad democrática. Sin embargo no estamos ante nada de eso. Unas cuantas asociaciones y grupos contrarios a la privatización de parte del canal -privatización que no elimina la mayoría pública en su accionariado- se han montado lo que ellos llaman una “consulta popular”. Porque, como decía el otro día, este tipo de gente no cree en la democracia y en las urnas de verdad, sino en lo que ellos consideran que es su democracia y sus objetivos.

Esta consulta popular es tan democrática que las urnas son de cartón -dobles fondos posibles-, no hay un censo de votantes, puede votar el primer Paco, Pepe o Antonia que se pase por ahí y, además; al lado de cada urna tenemos ochocientos panfletos recordándonos lo malo que es que se privatice una parte del Canal. Por supuesto, no se te vaya a ocurrir sugerirles que mejoren sus métodos en su “consulta popular”; porque probablemente serás un fascista, un capitalista opresor o quizás algo peor, un votante del Partido Popular.

La consulta carece de valor. Los que votan, votarán que no; porque aquellos que no estén de acuerdo con esta pantomima no irán a votar. El resultado, obviamente, será abrumadoramente contrario a la privatización por la propia lógica de la participación en la consulta. Habrá votos en contra, entre los despistados que hayan votado que no y las correcciones lógicas de la asociación para no “tufar” demasiado. Lo peor es que alguno sacará esa “abrumadora mayoría” en contra de la privatización como un resultado superdemocrático y argüirá que Esperanza Aguirre debe dar marcha atrás so pena de enfrentarse a la voluntad del pueblo encarnada en unas urnas de cartón.

Pese a lo cómico de la situación -habrá quien se tome estas consultas en serio-, lo peor es que es otro síntoma del desgarro de la democracia por parte de “indignados” y colectivos cercanos a ellos. Con la peligrosa complicidad, dicho sea de paso, de la Verdadera Izquierda -Izquierda Unida, o más bien Hundida-, que ni cree en esta democracia que día tras día les hunde, ni puede aspirar a algo más que a hacer ruido de cuando en cuando. Esta gente no cree en una confrontación de opiniones y razones en el sentido republicano de la democracia, esta gente no cree en una suma de preferencias individuales si adoptamos un punto de vista institucional o racional. Ni siquiera creen en una visión sustantiva de la democracia. Sólo creen en el aldabonazo, en el ruido callejero y en la destrucción y deslegitimación de los cientos de miles de votos que no les han dado la razón.

Lo peligroso de estas actuaciones es desviar el balance de la democracia de unas instituciones que elegimos todos a unas urnas de cartón. Desviar el poder de una cámara  donde todos tienen voz a unas protestas sectarias y carentes de base popular suficiente. En definitiva, se trata de una versión moderna de bonapartismo y régimen plebiscitario; en el que estos grupúsculos manipulan la pregunta y no cabe más respuesta que el sí o el no, el maniqueísmo en estado puro.

La democracia se basa en las urnas, en los representantes elegidos y en unos ciudadanos informados y dispuestos a interesarse por los problemas públicos. Cuando cualquiera de estos pilares falla, nos enfrentamos al desgarro de la democracia. Y cuando en España, aparte de los ciudadanos informados, fallan las urnas, los representantes elegidos y grupúsculos minoritarios intentan hacer herida de ello, el peligro aumenta. No debemos dejar de dar la batalla para recordarlos que no llevan la razón, que no sus urnas de cartón carecen de legitimidad alguna y que el correcto lugar donde debatir es la Asamblea de Madrid, elegida por todos los madrileños. Lo contrario es dar la razón a quienes no creen en la democracia.

El indignado

No pretendo ser objetivo ni imparcial. Más adelante analizaré el fenómeno desde una perspectiva puramente politológica, pero hoy; hoy quiero dar rienda suelta a mis instintos. Hoy quiero hablar de “El Indignado”, esa nueva forma de humano, más perfecto que el Übermensch de Nietzsche o su ‘Ecce Homo’.

El indignado es una curiosa especie del panorama político español. Desde su nacimiento mediático -no nos engañemos, siempre habían estado ahí, dando el coñazo- el pasado año; con su máximo exponente en las protestas que se extendieron por toda España, no han dejado de ser “la alternativa”, “la ciudadanía enrabietada”, “los que sufren los recortes de los mercados”, y demás eslóganes de todo a cien.

El indignado se nutre a partir de diarios alejados del dominio del mercado como Público -cuyo propietario, Jaume Roures, es una de las mayores fortunas de España y domina varios medios de comunicación-, que luchan tenazmente contra las fuerzas del mal encarnadas por periódicos como El Mundo, El País -izquierdistas aburguesados- o el inefable ABC. Sus referencias ideológicas no son confusas, pero él te dirá que sus ideas son sentido común, que son fruto de la rabia de la situación económica -¿dónde queda la racionalidad del ser humano?- o que “es lo que piensa la gente normal” -situándote en una situación en la que tú eres el anormal-. No oses insinuar que su poso ideológico no deja de ser el mismo que el de los que salen cada 14 de abril reclamando una República anticapitalista, antifascista y antimachista, ni siquiera te atrevas a recordar que son los mismos que llevan años diciendo que el PSOE no es de izquierdas y que IU no mola. Son los que se cuestionan la legitimidad de los oponentes a la dictadura castrista, alaban el régimen autoritario de Venezuela y cuestionaban la lucha contra ETA. Pero, recuerda, ellos son “apolíticos”. Sus propuestas son “las propuestas del pueblo, de sentido común”.

El indignado, además, tiene diversas alergias. Su alergia más fuerte, la que generalmente le lleva a la muerte -o a un estado catatónico en el que utiliza adjetivos como “fascista”, “chupóptero”, “corrupto” o ya algunos más castizos como directamente “gilipollas”- es la alergia a la Economía. No a la “Economía” como tal, sino como ciencia. El indignado no cree en las reglas y axiomas de la Economía. No cree en sus herramientas, en sus hipótesis y en su método científico. El indignado establece sus reglas económicas en un mundo aparte, en el que los billetes de 500€ crecen en árboles sin crear inflación, en el que los impuestos son del 785% y la gente es feliz, en un mundo en el que trescientos años de historia y ciencia económica no han existido. Donde el dicho de “querer es poder” se cumple al 100%. Si en cualquier momento te atreves a mencionar algunos de los hechos científicos de la ciencia, o a mencionar investigaciones modernas al respecto de temas calientes -sí, hablo de la reforma laboral, aunque ese es otro tema- te acusarán de estar al servicio de los mercados, te dirán que esas investigaciones están sesgadas y manipuladas o incluso alguno -algún indignado puro, de los que de verdad molan- te dirá que a él “le suda la polla la economía, eso es cosa de banqueros” -no miento, alguna vez he leído tal magnífico argumento-.

Sin embargo, no temas. No es ésa su única debilidad. También tienen alergia al Derecho o a la Ciencia Política. Nadie les exige que se conozcan la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto de los Derechos Fundamentales, o que conozcan teorías de la democracia o del Estado. No se les exige, para un debate, un conocimiento de los estudios de Lijphart o que hayan leído el último ‘paper’ sobre el tema de los EEUU. Se les pide, sin embargo; una mínima coherencia y conocimiento de lo que hablan. Es gracioso oírles hablar de un sistema de listas abiertas -¡y desbloqueadas!- con tanto gracejo y desparpajo, como callan cuando les mencionas el putiferio que era Italia hasta hace poco con ese sistema. Es gracioso ver cómo mencionan diversos artículos de la Constitución -derecho a la vivienda, al trabajo, a un medioambiente digno- sin tener en cuenta qué pintan esos derechos ahí, qué sentido tienen y por qué no son directamente recurribles al Tribunal Constitucional. Este tipo de cosas, que obviamente no conoce toda la gente, podrían saberlas si prestasen oídos a las argumentaciones que a veces se les hacen; pero nunca lo hacen. Y cuando lo hacen, y las conclusiones no encajan con lo que ellos tienen establecido en su esquema ideológico, volvemos al punto catatónico de la alergia a la Economía y surgen los bellos epítetos. Fascista, corrupto, adormecido, anormal, gilipollas.

Sin embargo eso no es lo peor. No es lo preocupante. Lo preocupante es cuando destruyen la democracia y sus más profundos e históricos fundamentos de un plumazo, con la complicidad de los periódicos. Lo preocupante es cuando pretenden conquistar en la calle, a base de rebeldía, destrozo de mobiliario urbano o gritos y pancartas lo que el pueblo y la Nación les han negado democráticamente en las urnas. Es preocupante cuando niegan legitimidad a millones de personas que han ejercido su derecho al voto para dárselas a unos cuantos cientos de personas gritando, pancarteando y gritando estupideces. Es su concepción de la democracia, la masa gritona y descontrolada tiene más poder que personas elegidas por todo el pueblo. 20.000 personas son más poderosas que 10.000.000. Y, por supuesto, tienen más legitimidad. Esos diez millones son simplemente robots, personas sin conciencia.

Lo peligroso de los indignados es esa cierta simpatía social que se extiende sobre ellos. Ese “bueno, es que las cosas están muy mal”, que acaba por encubrir invasión de edificios públicos y templos del saber -sí, hablo de la Autónoma de Barcelona- por aquellos menos interesados en el saber y el conocimiento. Esa condescendencia hacia “los jóvenes”, cuando muchos de los jóvenes no nos sentimos ni de lejos identificados por esos “indignados” que se arrogan la soberanía nacional, el poder de cambiar las leyes y el de destronar el poder de la democracia de nuestra sociedad.

El indignado reclamará “desobediencia civil” sin saber quién es Thoureau. El indignado clamará contra una reforma laboral que intenta desmontar una institución franquista -nuestro mercado laboral-. El indignado gritará por la mala educación en Valencia -nadie lo niega- y callará en Andalucía. El indignado quemará coches por los recortes pero obviará lo que pasaría con una España fuera del euro. El indignado, en definitiva, destrozará cualquier esfuerzo de este país por salir adelante, sacrificándolo en los altares de la inopia, rodeado de antorchas iluminando el diario Público y el blog de Escolar.

Yo acuso, como Zola, a los indignados. Los acuso de ser inútiles en los tiempos que corren, los acuso de destruir los cimientos de nuestra democracia, los acuso de manipular a la gente. Los acuso, en definitiva, de ser un peligroso enemigo para nuestras libertades y derechos. Cualquier esfuerzo por combatirlos, por enviarlos de nuevo al ostracismo social y académico -si es que tuviesen algún rigor-; cualquier esfuerzo por dejar claro al mundo que no llevan razón; cualquiera, es bienvenido. Es necesario.

El déficit público y las CCAA

Ya es oficial. Como sabréis, las Comunidades Autónomas son las responsables de que el déficit del Reino de España y, por tanto, del Estado; supere con creces el 6% previsto. De un 6 a un 8’5% es más de un 33% de desviación presupuestaria en un país que podemos considerar serio. Es una barbaridad, y más en los tiempos que corremos.

Durante estos días nos cansaremos a escuchar los argumentarios de PP y PSOE. El PP arremeterá contra Zapatero y Salgado, acusándoles de haber engañado, mentido y de haber manipulado las cuentas para evitar que la debacle electoral fuese mayor. El PSOE se remitirá a las actuaciones tomadas y acusará al PP, recordando que gobiernan en prácticamente toda España desde mayo -y en varias CCAA igualmente irresponsables, desde mucho antes-. Los dos tienen razón, y ninguno la lleva.

Tiene razón el PP cuando acusa a Zapatero y Salgado de haber mentido. No sé si lo hicieron a conciencia o simplemente fueron unos bocazas. Sí sé que cuando prometes algo -y encima lo prometes frente a toda Europa, quien te está prestando dinero a manguerazos- tienes que cumplirlo. Decir que el objetivo de déficit iba a cumplirse y poner caras bonitas para la foto no es una forma adecuada de hacer política, más bien de firmar tu sentencia de suicidio político para la próxima década.

Tiene razón el PSOE cuando recuerda que el PP lleva gobernando en la vasta mayoría de las Comunidades Autónomas desde mayo-junio. En algunas, como Valencia o Murcia, desde hace varios lustros. La responsabilidad de medio año de déficit no puede achacarse simplemente a Zapatero y Salgado; máxime cuando el PP sabía que arrasaría en aquellas elecciones autonómicas -quizás con la incertidumbre de Extremadura-. ¿Improvisación? ¿Falta de plan de gobierno claro? Llevan prácticamente un año en el Gobierno y las perspectivas de muchas Comunidades no son halagüeñas, aunque claro está que esto no se arregla en unos meses.

El problema, sin embargo, aparte de las cuchilladas políticas que nuestros líderes se dediquen, es estructural. No es problema de que en un sitio gobierne Esperanza Aguirre y en otro Griñán. No es cuestión de siglas. Es cuestión de que el sistema de financiación autonómica y los principios que lo guían son una auténtica locura digna del peor diseñador legal y fiscal posible. Esta locura se asienta sobre dos problemas: el diseño legal y los incentivos que ello genera.

En primer lugar el diseño es absurdo, oscuro, ineficiente (e ineficaz) y con unos costes de información horribles. Hoy en día las Comunidades -salvo el País Vasco y Navarra- no recaudan impuestos, y dependen de su financiación del dinero que el Gobierno Central les transfiere en base al tramo autonómico del IRPF, transferencias de servicios que son ofrecidos por las CCAA pero son de competencia estatal -como Justicia, por ejemplo- y diversos indicadores como población, renta per cápita, extensión, dispersión de la población, “deudas históricas” varias, etc.

El problema es que el coste de algunos de esos apartados es difícil de cuantificar. No es igual cuantificar lo que has recaudado con tu tramo autonómico del IRPF -x declaraciones por y cantidad, y todos contentos- que medir el coste de determinados servicios que están siendo prestados por las CCAA en el ámbito competencial del Estado, el impacto económico de la dispersión de la población, de la extensión del territorio, etc. Si a eso le sumamos que no existe un baremo único, sino que cada Comunidad elige los parámetros que mejor le convienen, tenemos un sudoku imposible de resolver. La suma de los distintos parámetros para medir el dinero que una Comunidad debe recibir del Estado dan más que 100, y eso genera severos problemas en el reparto del dinero. Por no hablar de la soberana gilipollez de las “deudas históricas”.

En la otra pata del problema tenemos los incentivos. Las Comunidades Autónomas no recaudan sus impuestos, como hemos visto. Sin embargo, son ellas las que gastan el dinero con un margen de discreción muy amplio. Por un lado tenemos los ingresos, que no dependen de las Comunidades -al menos, no directamente- y por otro lado, los gastos; que controlan ellas en su práctica totalidad. Los votantes siempre querrán servicios más amplios y generosos, léase grandes eventos deportivos, protecciones sociales generosas o un hospital en cada esquina. Las CCAA pueden gastar y endeudarse todo lo que quieran, porque, en definitiva; luego pueden acudir al Estado central a llorar y a chantajearlo en base a alianzas políticas -¿recordáis el Tripartito?- o en base a apoyos coyunturales en el Congreso de los Diputados, sobre todo si el Gobierno se encuentra en minoría en la cámara.

Una vez que los problemas llegan, los gobernantes pueden evadir su responsabilidad culpando al Gobierno central de los problemas que han creado ellos mismos, y así evitar la ‘accountability’ necesaria de una democracia. La opacidad del sistema de financiación autonómica y su dificultad hacen prácticamente imposible que los votantes estén informados sobre ello, e instintivamente castigan al Gobierno central. De hecho lo estamos viendo hoy, con los actores políticos centrándose en el Gobierno central cuando el grueso del incumplimiento del déficit proviene de las CCAA.

¿Cómo podemos eliminar este tipo de vicios en el sistema? La solución es evidente. Un sistema en el que las CCAA recauden sus propios tributos y se paguen ellas mismas los servicios que deseen proveer. Ello, unido a una lista cerrada de competencias que divida claramente lo que deben hacer el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En definitiva, un Estado federal donde las Comunidades sean plenamente responsables de sus temas fiscales y donde los votantes puedan centrar sus exigencias de rendición de cuentas.

Todos los intentos en este sentido, o al menos de armonizar el sistema autonómico y hacerlo racional y eficaz, han fracasado. ¿Sabéis por qué? Eso lo dejamos para otro día.

PD: Yo me preocuparía, y mucho, de esa desviación de casi medio punto en la Seguridad Social. Eso nos dice muchas cosas sobre cómo está evolucionando la actividad en España más allá de los datos de desempleo: casi nada.

El Derecho de los Contratos y las decisiones públicas

Hace unos cuantos días he empezado a leer ‘Political Power & Corporate Control’, de Gourevitch y Shinn. Gourevitch es profesor de Relaciones Internacionales y comercio internacional en la Universidad de California en San Diego. Shinn, sin embargo, es un analista internacional centrado en la zona del Pacífico y el este de Asia –donde mayor movimiento va a haber en las próximas décadas-, además ha trabajado para la Administración Bush y para el Consejo de Seguridad Nacional de los EEUU.

Hablamos, en definitiva, de unas personas que tienen un profundo conocimiento de lo que se cuece en las altas esferas de la Administración Estadounidense y de una de las áreas más complejas y conflictivas del mundo, con permiso de Oriente Medio; Asia y el Pacífico. Apenas llevo unas cuantas páginas, pero el libro tiene muy buena pinta pues comienza explicando el tipo de reparto de poder que se da en las empresas divididas en acciones –obviamente, no hablamos de la Frutería Paco- y de las implicaciones que ello conlleva en el diseño institucional y legal del país –el framework-.

Mientras hoy estudiaba, me he encontrado leyendo un artículo de esencial importancia en el mundo anglosajón del Derecho: ‘The Reliance Interest in Contract Damages’, de Fuller y Perdue. Aparte de la pedrada legal y filosófica que no viene al caso –sobre intereses protegidos en el Derecho de los Contratos anglosajón-; me ha llamado la atención este fragmento del artículo:

A third and more promising solution to our difficulty lies in an economic or institutional approach. The essence of a credit economy lies in the fact that it tends to eliminate the distinction between present and future (promised) goods. Expectations of future values become, for purposes of trade, present values. In a society in which credit has become a significant and pervasive institution, it is inevitable that the expectancy created by an enforceable promise should be regarded as a kind of property, and breach of the promise as an injury to that property. […] A promise has present value, why? Because the law enforces it. ‘The expectancy’ regarded as a present value, is not the cause of legal intervention but the consequence of it. This objection may be reinforced by a reference to legal history. Promises were enforced long before there was anything corresponding to a general system of ‘credit’, and recovery was from the beginning measured by the value of the promised performance, the ‘agreed price’. It may therefore be argued that the ‘credit system’ when it finally emerged was itself in large part built on the foundations of a juristic development which preceded it.”

Desde mi ignorancia y respeto por un artículo tan esencial para el mundo anglosajón como es el de Fuller y Perdue; creo que su lógica es un poco contradictoria. Cuando dicen que la promesa tiene un valor real lo achacan a la intervención del Derecho, pero luego pasan a decir que las promesas eran obligatorias –o ejecutadas, más precisamente- antes de que existiese un sistema general de crédito y, por tanto, antes de que existiese la gran intervención legal y estatal que caracteriza a las economías modernas. Tened en cuenta que el artículo de Fuller y Perdue, de todos modos, fue escrito en 1936 y 1937; en pleno auge del ‘New Deal’ de Roosevelt.

Sin embargo si profundizamos un poco en la historia de los contratos privados y del sistema de crédito, veremos que éste nace ya en la Edad Media de la mano de prestamistas judíos y con el nacimiento de las notas de cheque de los mercaderes italianos en las Ferias de lana a lo largo de la Europa central y las Islas Británicas; por no mencionar la importancia de la Liga Hanseática en el ámbito báltico. En todas estas zonas el auge del comercio, el crédito y de las figuras de los mercaderes –muy recomendable Ralph Davis y ‘La Europa Atlántica’- hicieron que esas promesas de crédito y bienes a futuro fuesen reales y ejecutables. No existía una legislación propiamente dicha, dada la reluctancia de la Iglesia a intervenir en temas comerciales –más allá de prohibir la usura y el ejercicio de la Banca- y, sobre todo, dada la independencia de varios Burgos y zonas comerciales de la Europa del momento.

En cualquier caso, lo que nos encontramos, son sistemas voluntarios de arreglo de las discrepancias, sobre las cuales el Derecho –primitivo, bien es cierto- de la época apenas tenía nada que decir. Los Tribunales se establecían en las propias ferias, los mercaderes arreglaban sus propios asuntos y todo un vergel de autorregulación crecía a lo largo y ancho de la Europa Bajo Medieval. ¿Es, por tanto, el nacimiento de un sistema de crédito y de un sistema legal que declare ejecutables promesas de bienes futuros dos hechos íntimamente relacionados? Yo diría que no.

El Derecho de los Contratos es esencialmente una realidad privada, en la que las partes aplican su libertad para concretar las leyes que regirán el acuerdo al que han llegado. Resulta ilusorio concebir el Derecho público sobre la materia como algo más que una intervención que limita y cercena estas libertades de las partes –otro día discutimos sobre si para bien o si para mal-. Esta es la conocida como “teoría de la voluntad” de los Contratos. Resulta absurdo pensar que el nacimiento de certezas en el Derecho sólo puede venir derivado de la intervención de una autoridad pública o colectiva; cuando ésta sólo se ha dado en abundancia en el último siglo –y finales del S. XIX-.

Esto nos lleva a volver al libro que mencionaba al comienzo del post. En él se estudia la línea que lleva desde las primeras soluciones legales sobre el ‘corporate control’ a la actualidad, y cómo se lidia con los problemas de gobernanza en las compañías publicadas en los principales índices bursátiles. Los problemas que en esa área emergen están mucho más relacionados con la libertad de los contratos, las políticas públicas y los problemas de gobernanza pública de nuestra sociedad; de lo que nosotros creemos. De esto intentaré ir hablando más a menudo, conforme avance en la lectura del libro.

En conclusión, cuando queremos estudiar o acercarnos al estudio del Derecho Privado y a las implicaciones que las decisiones públicas pueden tener en ese campo, no debemos olvidar que los depositarios de tales derechos no lo son en virtud de un estatuto público o de una ley que graciosamente el Estado nos otorga. La justificación de la existencia del Derecho Privado es la propia esencia del ser humano, y de las libertades que él goza, y ello tiene repercusiones profundas cuando intentamos diseñar el ‘framework’ legal que va a interactuar con los agentes y sus decisiones. Unos pueden ser más respetuosos o más restrictivos pero eso, lo dejamos para otro día.

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Davis, Ralph; ‘La Europa Atlántica: desde los descubrimientos hasta la industrialización’; 1991; Siglo XXI Ediciones.

Fuller and William R. Perdue Jr.; ‘The Reliance Interest in Contract Damages’; 1936, Yale Law Journal.

Gourevitch and Shinn; ‘Political Power & Corporate Control’; 2005, Princeton University Press.